La aprobación del decreto supremo 001-2022-TR que limita drásticamente la tercerización, atenta de un lado la libertad de las empresas, afectando directamente en la decisión de qué actividades realizar directamente y que actividades entregar a otras empresas colaboradoras; por otra parte afecta el empleo formal, ya que muchas empresas al verse presionadas a contratar un gran número de trabajadores de forma indeterminada, optarán para reducir su planilla.

La tercerización y la intermediación laboral cumplen un rol fundamental en la dinámica empresarial peruana, debido al impacto positivo que generan sobre la productividad y la eficiencia de los procesos productivos, logísticos y comerciales. Según la Encuesta Nacional de Empresas, en el 2017, el 62% de empresas había tercerizado el mantenimiento de sus equipos; el 32% la seguridad en sus instalaciones y solo el 14% parte de su producción. En general, las empresas de construcción y servicios fueron las que más utilizaron este mecanismo. La misma encuesta también permitió conocer que, en el 2017 el 6% de las firmas encuestadas que tenían dificultades para conseguir trabajadores contrataron a una empresa tercera. La tercerización existe en todo el mundo y es ampliamente utilizada en Europa, América y Asia. Los únicos países de la región donde se limita la tercerización son Venezuela, Bolivia y Ecuador.

En el 2020 operaron 1,565 empresas tercerizadoras y de intermediación laboral formales en el Perú, en conjunto estas firmas emplearon a más de 240 mil trabajadores, lo que equivale al 1.6% de la fuerza laboral o casi 7% del empleo formal en el Perú. En el desagregado, las empresas tercerizadoras representan el 59% del total de firmas, pero solo absorben cerca del 40% de empleos de ambos sectores. La tercerización ha contribuido fuertemente a la formalización laboral, permitiendo a muchos trabajadores salir de la informalidad y poder finalmente recibir todos los derechos laborales.

El ministerio de trabajo, nuevamente, en lugar de dedicarse a fiscalizar a los informales y las empresas abusivas, tratando de garantizar los derechos de los trabajadores, se empeña en una campaña contra la formalidad y el empleo. Esta decisión además demuestra la inutilidad del Consejo Nacional del Trabajo que había claramente pedido a la Ministra Betssy Chavez que el tema se discuta en una sesión ordinaria de la institución; sin embargo, la ministra optó por la prepotencia y autoritarismo publicando el decreto sin ninguna opinión técnica.

En la planilla en que esté contratado el trabajador, no garantiza que se le pague todos sus derechos laborales, lo único que lo hace, es el control y la supervisión de las instituciones; por lo tanto, lejos de ayudar a la reactivación económica y a la promoción del empleo esta norma le resta competitividad a las empresas y amenaza la continuidad laboral de miles de trabajadores.

Esta norma es ideológica y populista, fue aprobada a pesar de la opinión negativa del Ministerio de Economía y Finanzas, los principales gremios ya levantaron su voz de protesta: Confiep. Sociedad de Minería, Sociedad de Pesquería, Cámara de Comercio de Lima y Cámara de Comercio de Arequipa ya se pronunciaron en contra de este decreto. Esperemos que la presión mediática y política pueda hacer retirar esta norma peligrosa e ilegal.

Paolo Valente

Experto en relaciones laborales y empresariales.